.jpg)
La comunidad educativa integrada
en los movimientos sociales de amplio espectro se convierte en un agente de
cambio, dentro y fuera del sistema educativo, a favor de la justicia y la
igualdad. Sólo ensanchando las vías de la participación se podrán conseguir
éxitos duraderos en la educación, la cultura y las políticas sociales.
La participación de la comunidad
educativa viene garantizada por la Constitución en el artículo 27.7: “Los
profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos
públicos, en los términos que la ley establezca” y 27.5: “Los poderes públicos
garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes”.
No se trata solo de un derecho
vinculado a una suerte de supervisión a posteriori de la gestión de los
centros. La intervención –que no la supervisión o la rendición de cuentas– es
“en el control y en la gestión”. Y en todos los centros sostenidos con fondos
públicos, y con los poderes públicos “en la programación general de la enseñanza”.
Es un derecho y un deber moral y político, si se quiere cumplir con el mandato
constitucional.
El anterior gobierno del PP,
incumpliendo con el mandato constitucional, apostó por un modelo neoconservador
que externaliza el gobierno de los centros hacia unas direcciones cada vez más
foráneas, despojando de competencias decisorias a los consejos escolares, como
si participación y gestión fuesen conceptos antagónicos.
La gobernabilidad de los centros
docentes exige una fuerte participación. La complejidad de la educación
requiere de la colaboración acordada de todos. Si los centros deben gozar de
autonomía para un mejor desarrollo de su tarea, adecuándola a las necesidades
del entorno social y de su alumnado, la participación de la comunidad educativa
es la otra cara de esta autonomía, la que garantiza su valor y su eficacia, con
la implicación de todos.
En este sentido, el consejo escolar
del centro debe tener una participación decisiva tanto en la aprobación de los
documentos institucionales (PGA, PEC, etc.), en los que se recogen los fines y
objetivos propios del centro; como en la elección de los órganos unipersonales
de gobierno, que son los que deben llevar adelante las tareas que se derivan de
dichos documentos. En la actualidad, con el cambio introducido por la LOMCE,
aún en vigor, los consejos se han quedado relegados a órganos meramente
consultivos y la participación ha decaído de manera importante.
Sin embargo, los retos a los que se
enfrenta la educación requieren de una participación fuerte de la comunidad
educativa. Las AMPA, por su responsabilidad en la educación de sus hijos; el
alumnado, para aprender a implicarse con su propia participación activa en las
primeras instituciones sociales en las que está presente; el profesorado, para
ser capaz de conformar colectivamente un proyecto en el que se plasme su
libertad de cátedra en el marco de la autonomía pedagógica del centro.
Los centros educativos deben gozar de
autonomía, lo que implica la toma colegiada de decisiones en los ámbitos de la
pedagogía, de la organización, del funcionamiento y de la gestión de recursos
humanos y materiales. De entre estos tres ámbitos destaca como primordial el de
carácter pedagógico, al que deben subordinarse los otros dos, lo que significa
atribuir capacidad de coordinación y liderazgo a quien, como equipo, dirija el
centro docente. ¿Cuáles son las premisas a tener en cuenta para avanzar en un camino
complejo, pero lleno de expectativas como es el de la participación?
Un colectivo docente con una cultura
profesional más participativa y menos corporativa. Con una formación que le
haga proclive a la cooperación de forma solidaria y al diálogo.
Fomentar la dirección como un trabajo
en equipo ligado a la comunidad en la que está integrado el centro.
Vincular el centro como comunidad
educativa a las instituciones sociales como ayuntamientos, asociaciones y ONG y
formativas como Movimientos de Renovación Pedagógicas (MRP), universidades, y
con aquellos centros de los que provienen los futuros estudiantes o a los que
pueden ir, conformando una red interniveles.
Reforzar el carácter formativo de la
evaluación y rendición de cuentas al conjunto de la comunidad educativa para su
mejora, y no una rendición de cuentas burocrática a la administración.
Vincular a la Administración
educativa a los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de gobierno y
participación.
Impulsar a los movimientos
asociativos de madres y padres y del alumnado, sumando sus aportaciones y
proyectos con los del resto de la comunidad educativa.
La comunidad educativa integrada en
los movimientos sociales de amplio espectro se convierte en un agente de
cambio, dentro y fuera del sistema educativo, a favor de la justicia y la
igualdad. Sólo ensanchando las vías de la participación se podrán conseguir
éxitos duraderos en la educación, la cultura y las políticas sociales.
Autor
Pedro Badía
Fuente
Fuente
