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Una discusión pública sobre el derecho social a la educación atravesada por expectativas desfasadísimas de la escuela real; la falta de balance honesto de la experiencia 2020 y 15 millones de niños, niñas, adolescentes y adultos que esperan definiciones sobre el regreso presencial a las aulas. En este texto Manuel Becerra propone tres líneas para pensar el debate: el sistema educativo federalizado, los semáforos y los protocolos. “La pandemia es una trampa: no hay pedagogías ni didácticas óptimas, no hay escuelas seguras”, dice pero apuesta a la utopía de encarar el problema con franqueza y buena voluntad.
Los docentes
recordaremos enero de 2021 como las vacaciones mentales que no tuvimos. Nunca
antes la discusión sobre nuestro trabajo y sus condiciones fue tan tironeada y
operada en tiempos en los que nuestra mayor preocupación debería ser cuidarnos
del sol. Sin tiempo ni espacio para hacer un balance real de la extraña
experiencia de un 2020 pandémico, de encierro, desgarro social y emocional y
paranoia por una enfermedad fantasmagórica, fuimos lanzados de una patada en el
traste a ser objeto de experimentos para el regreso a una presencialidad plena
que nos llena de asteriscos y preguntas.
La discusión pública
sobre el derecho social a la educación está muy atravesada por expectativas
desfasadísimas de la escuela real -sobre las que no reflexionaremos aquí, pero
que son un gran problema-, una intención sostenida (aunque con intensidades
variables) para desprestigiar el trabajo docente, y muchos recursos más que
terminan conduciendo a un desierto bullicioso: todos gritan y nadie conversa.
Quienes toman decisiones educativas o desconocen lo que gobiernan o, cuando
aciertan, son invisibilizados entre el ruido.
En el medio, casi
quince millones de niños, niñas, adolescentes y adultos que esperan
definiciones acerca de cómo sería volver a las aulas físicas con el menor
riesgo posible. La pandemia es una trampa: no hay pedagogías ni didácticas
óptimas, ni hay escuelas seguras.
Anoté algunas líneas
centrales que creo pueden aportar a ordenar algo del debate. Las
intencionalidades electorales (recordar siempre esto cuando veamos titulares
estridentes sobre educación) las pasarán por alto, desde ya (tal vez, como digresión,
una de las deudas que tenemos como sociedad –o tiene todo Occidente tiene, bah-
es aprender a separar la paja mediática electoral del trigo real).
Un sistema educativo
federalizado
Las
responsabilidades del Estado nacional y las de los Estados provinciales no son
equivalentes. El Estado nacional no gestiona escuelas ni paga salarios docentes
de manera directa, como sí lo hacen las provincias. En este punto existe un
debate no resuelto sobre cuál es la función del Estado nacional: la última dictadura
militar, el menemismo y el aliancismo, el macrismo y la actual gestión no le
han dado un peso relevante y han optado por descargar la responsabilidad sobre
las provincias. Se reserva, eso sí, funciones para establecer consensos
generales a través del Consejo Federal de Educación, donde participan los 24
ministros provinciales y el nacional, para llevar adelante políticas unificadas
en todo el país. El gobierno kirchnerista 2003-2015 dotó al ministerio nacional
de amplias atribuciones -establecidas en la Ley de Educación Nacional- que le
otorgaron una fuerte presencia en todo el territorio para intentar revertir la
desigualdad entre las provincias. Este es un debate extensísimo, y que se
remonta a los orígenes mismos del sistema educativo a fines del siglo XIX, pero
pensando en el inicio de clases en 2021 cabe mencionar que la posición de
Nicolás Trotta ha sido promover que cada provincia tome sus propias decisiones
dentro de marcos generales, sin intervenciones concretas fuertes más allá de
apoyo financiero, la evaluación general del sistema, la producción de
materiales y la recuperación de becas y cursos de capacitación para docentes,
como detalla el documento “A las aulas” que elaboró a fines del año pasado.
¿Esto qué significa? Que cada gestión provincial debe pensar los esquemas de
retorno en función de su sistema, y en definitiva la responsabilidad directa
está en cada jurisdicción.
Así, los sindicatos
docentes se organizan por jurisdicción, y en cada una de ellas hay al menos uno
que forma parte de la confederación más grande de sindicatos docentes del país:
CTERA. Las organizaciones allí nucleadas tienen experiencias diferentes según
la relación que tengan con el gobierno de cada provincia: en CABA el gobierno
del PRO ha sido muy confrontativo desde 2015 con UTE, en la Provincia de Buenos
Aires la relación ha sido diferente y hubo períodos de confrontación desde
Scioli y Vidal hacia SUTEBA y una mayor colaboración desde la gestión de
Kicillof. En síntesis, la razón de ser de todo sindicato es defender los
intereses de sus representados e integrantes. Los sindicatos docentes, en
concreto, no son algo diferente de los docentes, aunque sí son la
institucionalización de su representación, que según cada territorio y
sindicato es más o menos fiel de los intereses de sus bases. Durante 2020,
CTERA en general y muchos de sus sindicatos de base insistieron con la
provisión de computadoras a alumnos y docentes. Ya comenzado 2021, la posición
de los sindicatos se desplazó a una mayor predisposición para pensar esquemas
bimodales (o sea, con grupos presenciales y grupos remotos trabajando
alternadamente) con ciertas exigencias.
Vale la pena aclarar
en este punto que para todas las jurisdicciones la pandemia representó un
ahorro fenomenal de recursos en distintas áreas: concretamente en educación
hubo ahorros en limpieza, en salarios de suplentes, en mantenimiento de
infraestructura, en pago de electricidad, telefonía, gas e internet, entre
varios etcéteras, y una parte de ese ahorro fue a su vez financiado por las
computadoras, celulares y conexiones a internet y eléctricas personales de los
docentes y las familias. De manera que también correspondería una importante
compensación salarial.
Argentina es un país
con una alta tasa de sindicalización, lo que para quien escribe es una
excelente noticia y una de las grandes virtudes de nuestro país. Sin embargo,
muchas personas no comparten esa valoración, y hay quienes consideran esta
característica como un obstáculo. Independientemente de esa posición, pelearse con
los sindicatos de un sector es pelearse con la realidad: en educación,
específicamente, los sindicatos son parte de la gobernanza del sistema
educativo, guste más o menos. Desmontar eso ha sido, y sigue siendo, una tarea
costosísima y que impacta directamente en la calidad de la educación: el
prestigio de la escuela se construye sobre todo con una dirigencia y una
sociedad que confía en sus docentes. Si no, tenemos la paradoja que transitamos
actualmente y que describió la compañera Nuria Illán en su cuenta de Twitter
sobre los discursos en torno a los docentes: “Trabajan pero no trabajan. No son
profesionales pero parece que cumplen múltiples funciones sociales. Hacen todo
mal pero necesitamos que lo hagan. No discutimos política con ellos pero les
pedimos que gestionen todo. Son pobres pero viven de arriba sin laburar.”
Convocar a los sindicatos docentes y promover una negociación es potestad
exclusiva e intransferible de los gobiernos. Y un paso central para avanzar en
la solución de los problemas con buena voluntad, fuera de disputas
electoralistas.
Semáforos
En el escenario
pandémico las decisiones educativas no pueden pensarse como si no hubiera
pandemia. La variable sanitaria debería ser la principal, aunque no la única.
La escuela es el “espacio natural” de niños, niñas y adolescentes. Es la
agencia estatal más territorializada (o sea, la que tiene mayor presencia en
todo el territorio, mucha más que la policía, la justicia o el sistema de
salud), y eso la carga de responsabilidades que exceden lo académico (y
justamente cómo fue absorbiendo esas responsabilidades es uno de los problemas
de las expectativas desfasadas que mencionaba antes). Garantiza el derecho
social a la educación y es también espacio de contención, socialización,
cuidado. Esta última función -la del cuidado- quedó especialmente a la vista en
la pandemia: los adultos necesitan desarrollar sus actividades productivas
mientras sus hijos van a la escuela. La concentración de esas esferas -laboral,
educativa, crianza- en el hogar, esto es, la privatización de circuitos
públicos hacia el espacio doméstico, hizo que se obstaculizaran muchísimo entre
sí y generó y profundizó situaciones de violencia allí donde existían.
Pues bien, la
dimensión sanitaria ha sido simplificada con esquemas llamados “semáforos”, que
indican cuándo la presencialidad puede ser más segura y cuándo menos,
combinando diferentes indicadores. La Sociedad Argentina de Pediatría, por
ejemplo, tomó el suyo de los Centers for Disease Control and Prevention del
Departamento de Salud de Estados Unidos. Los indicadores principales que cruza
son: cantidad de casos nuevos por jurisdicción, o partido/departamento, o
municipio (de acuerdo a la escala territorial que se elija) cada 100.000
habitantes en los últimos 14 días; la tasa de positividad de pruebas RT-PCR en
el mismo lapso; y la capacidad por escuela de implementar estrategias de
cuidado ante el COVID (barbijos/máscaras, distanciamiento, higiene personal
regular, limpieza del edificio y rastreo de contactos). Su semáforo tiene cinco
escenarios (Riesgo más bajo, Menos riesgo, Riesgo moderado, Mayor riesgo,
Riesgo más alto). Luego establece seis indicadores secundarios más entre los
que están, por ejemplo, el cambio de porcentaje de casos nuevos cada 100.000
habitantes en los últimos 7 días y las camas de terapia intensiva ocupadas, entre
otros.
El Consejo Federal de
Educación armó su propio semáforo y lo publicó a través de la resolución
370/20. Cada jurisdicción debería sopesar tres indicadores: niveles de
transmisión según criterios del Ministerio de Salud; la razón entre casos nuevos
de las últimas dos semanas y las dos semanas anteriores; y el porcentaje de
ocupación de camas de terapia intensiva. De cómo se combinen estos tres
indicadores depende que se lo considere un escenario de bajo, mediano o alto
riesgo. A esto se le deben sumar nueve puntos, o requisitos mínimos, que cada
jurisdicción debe cumplir para evaluar los esquemas de presencialidad, entre
los cuales está que haya representantes educativos en los Comités Operativos de
Emergencia (COE) provinciales.
El semáforo de la
Sociedad Argentina de Pediatría es mucho más restrictivo que el que propone el
Consejo Federal de Educación, esto significa que según la primera en muy pocos
lugares de Argentina se podría pensar en una presencialidad plena.
Si el esquema de
semáforos se pensara en lugar de por jurisdicción por partido/departamento o
municipio, permitiría tomar decisiones más eficientes: abrir las escuelas
plenamente allí donde hay bajo riesgo, y armar otros escenarios de grupos
reducidos, alternancia horaria u otras posibilidades en los lugares donde el
riesgo es mayor.
Cabe hacer esta
salvedad: según el censo 2010, en el AMBA (el Área Metropolitana de Buenos
Aires que incluye la Ciudad Autónoma y varios municipios de la Provincia de
Buenos Aires) viven alrededor de 12.800.000, el 31,9% de la población del país.
Si a esto le sumamos los 1.455.000 habitantes del Gran Córdoba y los 1.238.000
habitantes del Gran Rosario, nos da que el 38,6% de la población del país vive
en tres grandes aglomeraciones urbanas (la población urbana total, en
Argentina, supera el 90%). Sabemos que la concentración de población es el
primer factor de circulación comunitaria del Covid, de manera que si bien las
provincias podrían abrir escuelas en municipios y partidos con bajo riesgo, la
mayor parte de los alumnos y docentes argentinos estarían expuestos en
escenarios de riesgo medio o alto. Allí, entonces, habría que pensar, como se
dijo, esquemas de grupos reducidos, de alternancia horaria, garantizar
licencias excepcionales a los docentes con comorbilidades o al cuidado de
personas de riesgo, garantizar continuidad pedagógica no presencial a alumnos
con las mismas características, entre otros etcéteras. Esos esquemas deberían
estar detallados al milímetro en los protocolos.
Qué debería decir un
protocolo
Si empezamos
por la negativa, un protocolo no debería ser un listado de objetivos generales
y afirmaciones vagas, sino un detalle preciso y transparente de qué es lo que
se debe hacer, cómo se distribuyen las responsabilidades entre los ministerios
de educación de cada jurisdicción, las burocracias intermedias y las escuelas,
y formas y recursos para su implementación.
En su interior, debe
contener justificaciones pedagógicas acerca de a qué alumnos se les dará
prioridad en una presencialidad con grupos reducidos y por qué y cuáles serán
los fundamentos y formatos de la evaluación de los contenidos trabajados en el
bienio 2020-21, entre otros aspectos.
En términos
epidemiológicos, debería detallar, por ejemplo:
- Cuál es la
estrategia de vacunación para la población escolar (alumnos y docentes):
tiempos, prioridades, lugares.
- Qué mecanismos de
testeo y seguimiento se ejecutarán. Lo deseable es que sea con una frecuencia
corta, y lo ideal es que los testeos se realicen en las mismas escuelas.
- Qué licencias
estatutarias se contemplarán para los docentes, y los mecanismos para sus
reemplazos. ¿Cuántos docentes actuales están en condiciones de ser exceptuados
en la jurisdicción? ¿Los reemplazos se harán a través de los sistemas previstos
en el Estatuto del Docente? ¿Se flexibilizarán los requisitos para que ingresen
estudiantes avanzados de los profesorados, dada la situación? ¿Con qué recursos
se cuenta para financiar esto?
- Cómo se articulará
la apertura de edificios escolares y el sistema de transporte: aquí está el
verdadero nudo del problema. Como se dijo, la mayoría de la población en
nuestro país vive en aglomeraciones urbanas. Allí, además de los más de diez
millones de alumnos y más de un millón de docentes, circulan trabajadores y
trabajadoras de todos los rubros. El sistema educativo debe ser el rubro que
más personas moviliza diariamente en el mundo, de manera que el desafío está
puesto especialmente en el transporte público. ¿No se podrían pensar esquemas
de entradas escalonadas en el horario a las escuelas para evitar superposición
con otros rubros? ¿Qué corredores serán los privilegiados en cada gran ciudad?
¿Qué evaluación y estrategias de aumento de frecuencias de colectivos y subtes
se emplearán?
- Diferentes esquemas
de presencialidad en grupos reducidos, contemplando personas por metro
cuadrado, cantidad de docentes por alumnos,
- Detallar avances en
preparación de infraestructura: instalación de detectores de dióxido de
carbono, habilitación y clausura de espacios en función de la ventilación,
puesta a punto de la plomería, inversión masiva en elementos de limpieza y
protección, esquema intensificado de limpieza integral de los edificios,
incluyendo cálculos de aumento de la planta de auxiliares y formas de
financiamiento. Si se van a utilizar otros espacios (clubes, museos, teatros,
parques, universidades), deberían detallarse las mismas variables.
- Y, por supuesto,
planes de acción en caso de que se detecten casos de Covid en la escuela. ¿Cómo
afecta la organización de los grupos? ¿Y al trabajo docente? ¿A partir de
cuántos casos se debe poner en aislamiento a un grupo entero, a partir de
cuántos se debe considerar que hubo un brote en la escuela y corresponde
suspender la presencialidad en todo el establecimiento? ¿Cómo se actúa a
continuación?
Volver
La escuela es
el espacio natural de niños, niñas y adolescentes. También es el espacio
natural de co-crianza (si cabe la paradoja) donde las familias encuentran una
clave en la organización de sus tiempos. Y también es nuestro espacio natural
como docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación. Hace casi 200 años
que los sistemas educativos del mundo funcionan presencialmente: hablamos de
generaciones y generaciones, miles de millones de personas forma(tea)das en ese
esquema. La pandemia, que puso al mundo fuera de quicio, también nos puso así a
nosotros. Hay una nostalgia, un deseo, un deseo desesperado por volver al mundo
pre covid, que probablemente tarde mucho en llegar.
Es profundamente
doloroso -y no suma nada a ningún debate- que se acuse a los docentes de
preferir esta locura global a trabajar como trabajamos toda la vida, y de
soslayar y subestimar los profundos impactos que tendrá este escenario en
términos emocionales, académicos, e íntimos en nuestros alumnos.
Termino pidiendo una
utopía que sé de antemano imposible: en educación, encarar el problema con
franqueza y buena voluntad, sin marketing vacío, especulaciones electorales ni
confrontaciones innecesarias. La pelota la tienen los gobiernos.
AUTOR
Manuel Becerra
Fuente
http://revistaanfibia.com/ensayo/como-volver-a-la-presencialidad/?fbclid=IwAR3i674KuIQEBXXAWOecANuhDFGhEUI84wr6K-8XsH7h4mmwyAkaKM2f5cY
